Gracias Presidente
Este año celebramos los 200 años de la República Federal en nuestro país. México nació como una República Federal, lo que quiere decir que la construcción de nuestro Estado parte de las entidades federativas. A diferencia del federalismo originario que nos integró como nación, el federalismo del Siglo XXI requiere ser integrador solidario e impulsor del desarrollo de las entidades, regiones y municipios.
Pero una vez más estamos afectando nuestro federalismo con el excesivo centralismo, esa interpretación que algunos hacen del pacto federal al considerar que las entidades y los municipios existen porque la Federación lo permite, cuando es al revés. En ejercicio de su libertad, las municipalidades y entidades ejercen su derecho de autodeterminación y libremente se incorporan a la Federación como lo reconoce la Constitución, en una la relación entre los dos que debe ser justa y conveniente. Por esta razón, el nombre oficial de nuestra nación es Estados Unidos Mexicanos.
Desde hace tiempo, como lo decía don Miguel Ramos Arizpe, se reconoce que la mejor política es la que parte de las localidades. Cada región es distinta y cuenta con diferentes necesidades que requieren de un tratamiento particular. La economía de las regiones y su desarrollo está condicionada por su naturaleza productiva. Por ejemplo, en Sonora la actividad minera representa el 20.33% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), generando más de 23 mil empleos directos y más de 120 mil indirectos. Por ello hoy quiero destacar a la minería como la actividad primaria que permite detonar el desarrollo regional.
En 2014 impulsamos dos derechos para la actividad minera; el derecho especial y el extraordinario. El objetivo era transformar una fracción de la renta económica en bienestar para las comunidades, localidades y regiones en donde se lleva a cabo la actividad minera.
El esquema de derechos para la actividad minera era de carácter fundamentalmente social, se buscó garantizar que los recursos financiaran proyectos útiles y con vocación social.
Esta política pública tiene una gran base federalista porque en la distribución de recursos obtenidos por la actividad minera se ponía en primer lugar a las localidades en donde se ubica esa actividad. Se obligaba a las empresas mineras a hacerse responsables de satisfacer necesidades de saneamiento, infraestructura y desarrollo social planteados por la ciudadanía de esas localidades y se les cobrara un impuesto para destinar parte importante de los recursos a las necesidades públicas y sociales del municipio.
Del total recaudado, 77.5% debía distribuirse en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, y de este subtotal, los municipios podían disponer del 62.5% y los Estados el 37.5%.
El 22.5% restante del total recaudado se canalizaba al Fondo General de Participaciones en un 20%, y en 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
En proporción, los más beneficiados eran los municipios y las entidades federativas que con ellos podían implementar políticas para resolver problemáticas de sus regiones. ¿Qué podría ser más federalista que esta disposición?
Pero ahora, debido a modificaciones centralistas y expoliadoras, los municipios y las entidades federativas carecen de estos recursos. Ahora desde 2019 todo se lo lleva la Federación, conforme a la política nacional fiscal centralista, se le resta autonomía a los municipios y entidades federativas.
La tendencia a centralizar los recursos dificulta que los municipios y Estados puedan atender sus diversas necesidades, se les ha atado a la voluntad de quienes gobiernan desde el centro del país, a veces, sin conocer a profundidad las problemáticas de cada zona, impidiendo un desarrollo social adecuado a la situación que vive cada región de forma distinta.
En 2019 se modificó el artículo 271 y 275 de la Ley de Derechos para establecer que los derechos Especial y el Extraordinario se aplicarán para su aprovechamiento por la federación. Con ello se debilitó sobre todo a los municipios, haciéndolos depender cada vez más del Presupuesto de Egresos de la Federación, como si fueran migajas o dádivas.
Pero el colmo llegó en 2020 cuando en el Diario Oficial de la Federación extinguieron los fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras que en esa fecha contaba con 7 mil 100 millones de pesos, sin que sepamos hasta la fecha en qué se aplicaron estos recursos que eran para los proyectos de desarrollo de los municipios y entidades mineras.
Por ello, pido que se replantee la forma en la que están entendiendo el federalismo, el excesivo centralismo está perjudicando a los municipios, el gobierno federal está absorbiendo toda la administración de recursos de la nación, olvidando que las entidades y municipios deben participar activamente en la redistribución de los recursos fiscales que la Federación recauda en nombre de todos. A los estados y municipios mineros se les debilita y se les quita recursos evitando que se atiendan causas locales primordiales.
Mi propuesta es recuperar el Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras con una repartición de recursos a estados y municipios para fortalecer realmente su autonomía y libertad. Pensemos, estamos hablando de impuestos extraordinarios y especiales.
El espíritu es que el gobierno central no entiende correctamente la ingeniería social de cada región.
Conforme a este espíritu de un Federalismo para el Siglo XXI, en nombre de un gran Estado minero del país, Sonora y en beneficio del pacto federal, es que propongo que le regresen a los sonorenses y habitantes de los municipios mineros del país los recursos que arbitrariamente les quitaron desde 2019, restableciendo el Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, aplicando el 80% de la recaudación proveniente de los Derechos de Extracción Minera, para que esos recursos se inviertan en políticas públicas enfocadas a resolver las problemáticas regionales y locales, contribuyendo a su desarrollo productivo, social y cultural.
Es conveniente precisar que no se trata de los impuestos que normalmente pagamos los mexicanos. Estamos hablando de derechos especiales y extraordinarios que se causan por actividades extractivas y que generan efectos en las comunidades y los territorios, por lo que los recursos recaudados deben aplicarse en las entidades y municipios que resultan afectados, pues se extrae riqueza mineral y sólo dejan afectaciones y pobreza en las comunidades. Es que lo mismo que sucede en estados petroleros, donde se extraen petrolíferos y se les compensa por los efectos que les causan o lo que debiera hacerse en los municipios fronterizos, que ven pasar riqueza de exportación atravesando zonas de miseria.
Ello es lo que da sustento a planteamientos como los del gobernador de Jalisco y como en otros tiempos plantearon Baja California, Nuevo León, Sonora o Chihuahua para mejorar la coordinación fiscal, reconociendo la madurez de los Estados y Municipios para participar de mejor manera en la recaudación de sus territorios.
Hagamos el Federalismo del Siglo XXI y devolvamos con ello a nuestro Federalismo la vocación integradora, participativa y solidaria que en estos tiempos tan complejos debe tener.
