Reformar nuestras leyes para evitar desastres ecológicos

Da click aquí para esuchar y descargar el audio del comentario del Diputado Beltrones: http://beltron.es/nr0i0

Buenos días a todos ustedes quienes nos escuchan:

El día de ayer, la Comisión Especial para investigar la contaminación del río Sonora y su afluente Bacanuchi, presentó su primer informe de actividades a la Cámara de Diputados.

Estamos hablando del mayor desastre ecológico en la historia de la minería en el país. Más allá de los graves daños ambientales ocasionados, quiero destacar dos puntos medulares que este informe evidenció, asuntos de primer orden para la Cámara de Diputados.

Primero. El Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, violó la norma oficial, las leyes vigentes y los estándares internacionales que rigen la industria minera, pero el Estado mexicano no cuenta con un marco jurídico actualizado que le permita imponer sanciones efectivas a los causantes de daños ambientales y reparar las afecciones sociales y económicas.

Segundo. A pesar de que el Grupo México percibe 4.4 millones de dólares diarios de ganancia por la extracción de recursos minerales en la mina, no aporta un solo beneficio concreto al municipio de Cananea, ni al estado de Sonora.

Estos son los hallazgos más importantes del informe de la Comisión Especial, que propone también reformar la legislación vigente para que se actualice el marco jurídico con base en dos principios:

Uno. Que el Estado cuente con normas y capacidades regulatorias adecuadas para garantizar que el que contamine pague.

Ese es el propósito del fideicomiso con cargo al Grupo México, que tendrá recursos iniciales por 2 mil millones de pesos para reparar los daños ambientales, sociales y económicos que sufrieron las familias sonorenses.

Dos. Que se compartan con la población los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de los recursos de la Nación. Es importante que en este tipo de explotación del subsuelo, todos, sobre todo los habitantes de la región, salgan ganando.

Los legisladores estaremos trabajando para fortalecer nuestro marco legal. Se trata de apoyar a las familias sonorenses afectadas y resarcir los daños ocasionados por este derrame tan lamentable, y también evitar que se repitan episodios como el actual.

Nuestro objetivo es claro: dotar al Estado de las capacidades legales e institucionales que permitan asegurar el interés público en la actividad minera y procurar un beneficio justo a sus comunidades.

Muchas gracias y hasta la próxima.

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