Reforma que garantiza la instalación de bebederos en las escuelas

Iniciativa

Que reforma los artículos 7o., 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo de los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, diputados federales de la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo en los últimos años. Por su magnitud y ritmo de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad, y de manera particular la diabetes, representan ya un grave problema sanitario con los efectos negativos significativos sobre la salud de los mexicanos, y afectando de manera importante la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico como país en su conjunto.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad de adultos en México fue de 71.3 por ciento, lo que representa 48.6 millones de personas. La prevalencia de obesidad en este grupo fue de 32.4 por ciento y la de sobrepeso de 38.8 por ciento.

De acuerdo con estadísticas en el ámbito internacional, la obesidad constituye la principal causa de mortalidad en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y acorde con la última información disponible, México es el segundo país de la OCDE con mayor obesidad, al ubicarse en 30 por ciento de su población adulta, superado sólo por Estados Unidos de América, en el que el 35.9 por ciento de su población adulta padece obesidad. El promedio de obesidad en los países miembros de dicha organización es de 22.2 por ciento.

Para la población en edad escolar (5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 fue de 34.4 por ciento (19.8 y 14.6 por ciento, respectivamente). Esta prevalencia en niños en edad escolar representa alrededor de 5.6 millones de niños. En 1999, 26.9 por ciento de los escolares presentaron prevalencias combinadas de sobrepeso y obesidad; sin embargo, para 2006 esta prevalencia aumentó casi 8 puntos porcentuales al ubicarse en 34.8 por ciento.

Dimensionando el problema de obesidad infantil para México en el ámbito internacional, se puede señalar que México ocupa el octavo lugar de obesidad infantil en niños y el cuarto en obesidad infantil de niñas, colocándose muy por encima del promedio de los países miembros de la OCDE, al ser en promedio para este conjunto de países de 20.4 por ciento y 21.9 por ciento, respectivamente.

Estudios señalan que en los países miembros de la OCDE, 83 millones de personas padecieron de diabetes en 2010, de los cuales 10.8 son mexicanos, es decir, un 13 por ciento del total, con lo cual México se coloca como el país de la OCDE que muestra mayor prevalencia de diabetes en población adulta.

Derivado de los problemas de sobrepeso y obesidad, México es el país de la OCDE con mayor número de defunciones causadas por la diabetes mellitus, ya que por cada 100 mil habitantes se presentan 152 defunciones, mientras que en promedio en los países de la OCDE se presentan 19 defunciones por cada 100 mil habitantes.

En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la obesidad fue de 67 mil millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, el costo que implicará en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática.

De acuerdo con información de la Ensanut 2012, de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrían ascender para 2017 a 101 mil millones de pesos.

Además de los costos que significan para el sector salud la atención de las enfermedades atribuibles al sobrepeso y la obesidad, debe considerarse que existen otros costos indirectos asociados, entre los cuales se encuentran aquéllos relacionados con la muerte prematura y la reducción en la productividad laboral atribuibles al sobrepeso y la obesidad, así como los problemas financieros que enfrentan las familias al tener que asumir los elevados gastos de un tratamiento contra estas enfermedades crónicas no transmisibles, lo que impide que el Estado pueda garantizar el derecho a la protección a la salud en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preocupante el hecho de que, entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas con alto contenido calórico se ha duplicado entre los adolescentes y triplicado entre los adultos mexicanos, ya que como se ha señalado las bebidas azucaradas representan productos con alta densidad energética, pero bajo aporte nutricional, incidiendo en el aumento de peso. Estadísticas muestran que los mexicanos consumen cerca de 163 litros de refresco al año, superando en 40 por ciento el consumo de un estadounidense promedio (118 litros anuales), lo que nos convierte en el país consumidor de refrescos número uno a nivel mundial.

Se reconoce por las recomendaciones y estudios a nivel internacional que la formación de hábitos alimenticios se adquiere durante la edad escolar, por ello se debe incidir en tal población expuesta y que es necesario modificar su patrón de hábitos por medio de presentar la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante. Son los centros educativos el lugar idóneo para la formación de hábitos alimenticios y cívicos. Actualmente por cada 100 pesos del gasto público federal en educación básica, sólo 7.40 se destinan en que las escuelas tengan agua potable, luz, teléfono y capacitación, es decir que el gasto en la disponibilidad de agua potable es necesariamente menor al 7 por ciento. La prevalencia en las escuelas de los tradicionales bebederos ha desaparecido por dos factores, la falta de mantenimiento y el riesgo percibido que el agua no necesariamente era apta para consumo humano y se percibía como factor de riesgo a la salud, hay que invertir para modificar tal percepción y dar accesibilidad nuevamente a agua bebible gratuita en las escuelas, garantizar que el gasto en educación tenga recursos específicos a la disponibilidad constante de agua potable para los alumnos, no sólo porque evita que opten por bebidas azucaradas por ser la de mayor disponibilidad, sino por que incide en sus hábitos de consumo durante su vida.

Es fundamental contar con una política de Estado para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana con el objeto de instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes. Si estamos siendo innovadores globales en fijar impuestos a los factores alimenticios de obesidad, debemos serlo también en rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas y formar hábitos alimenticios saludables en los planes educativos. Por ello las medidas de ingreso y gasto deben de ser consistentes a un solo objetivo mejorar la salud de la niñez, que será la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las familias y del país en su conjunto. Estamos innovando y moviendo a México a mejores niveles futuros de salud.

El objetivo de la presente iniciativa es establecer bebederos en las escuelas públicas y privadas tal que se garantice un abasto de agua en forma gratuita y de calidad para consumo humano con un parámetro de consumo mínimo de agua necesario por 2 litros por alumno/día.

Por ello considerando que el artículo 4 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece lo siguiente: Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa siguiente con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

Artículo Único. Se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. a XI. …

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.

Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida anual para efectos del cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Cuarto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11.

Quinto. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Sexto. Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo nacional cuenten con las instalaciones de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a cinco de noviembre de 2013.

Diputados: Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbricas).

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2013/nov/20131105-VII/Iniciativa-1.html