Órganos autónomos de regulación económica

Las condiciones del desarrollo económico de los Estados nacionales en un mundo globalizado e interdependiente, requiere de pesos y contrapesos que no estaban originalmente contemplados en los pactos constitucionales, ya que las circunstancias actuales rebasan la organización tripartita de las democracias clásicas.

La emergencia de nuevos nichos económicos, la competencia impuesta por el mercado y la natural tendencia hacia la monopolización en los sectores de una economía, hacen indispensable la configuración de nuevos órganos de regulación económica dentro de las estructuras estatales, cuya autonomía debe estar garantizada en el texto constitucional. Y tal autonomía debe incluir la participación del Legislativo en la designación de quienes encabecen tales organismos.

Dicho de otro modo, las nuevas condiciones de la competencia económica requieren que sea el Estado  – y no el gobierno, el que finalmente emana de un partido –   el que se ocupe de regular las actividades estratégicas para el desarrollo económico, con el fin de garantizar la equidad en el uso de recursos  – especialmente si éstos son propiedad de la Nación y están concesionados a terceros -, así como la seguridad jurídica de su uso y usufructo, además de la imparcialidad con respecto a los agentes
económicos.

La tendencia a la consolidación de órganos constitucionales autónomos de regulación económica, que promueven la competencia y la seguridad jurídica en beneficio directo de la población y la competitividad del aparato productivo, es una característica del desarrollo institucional de las democracias contemporáneas.

Con el antecedente de la autonomía del Banco de México (1994), actualmente está en el debate legislativo la ratificación en el Senado de la República de los comisionados de los tres órganos de regulación económica: la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con la idea de que la autonomía de estos órganos no sólo sea en términos jurídicos y de su estructura organizativa, sino que quienes estén a cargo de ellos,  respondan a los intereses de la sociedad y no a la del gobierno en turno.