Nueva Fiscalía General para procurar mejor justicia

·         Combate a la corrupción, prioridad de la fiscalía especializada

·         Se recupera la dimensión social del ministerio público

·         Confianza en que el Senado de la República la apruebe para beneficio de todos

La aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la PGR, es un paso indispensable para avanzar en la modernización del sistema jurídico penal y de sus instituciones ante la exigencia de una mejor justicia en el país, sostuvo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

En la reunión semanal de análisis y evaluación con los vicecoordinadores de su fracción, el diputado sonorense recordó que dicha ley obedece el mandato de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y se inscribe en la modernización del régimen político y la creación de nuevos equilibrios constitucionales.

Este es uno de los temas fundamentales de la agenda de acuerdos legislativos que responde a la iniciativa de ley que envió a la Cámara de Diputados el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 23 de septiembre y complementa su decálogo de medidas para consolidar el estado de derecho.

La nueva ley tiene el propósito de contar con un órgano de procuración y administración de justicia moderno con autonomía constitucional, situado a buena distancia de la influencia política y de cualquier tipo de subordinación, afirmó Beltrones. Con esas fortalezas se revalora el ministerio público como un órgano técnico de persecución del delito, representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad para que la acción penal se ejerza con eficacia y prontitud, apoye y asista a las víctimas de los delitos y asegure el acceso a la justicia con respeto irrestricto de los derechos humanos.

Un ministerio público técnicamente capacitado, confiable  y cercano a los ciudadanos hará posible la instrumentación exitosa del nuevo sistema acusatorio, el cual parte del principio de presunción de inocencia en la impartición de justicia.

La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados podrán ser objetados por el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronuncia en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

La nueva Fiscalía General apunta a lograr un cambio cualitativo en la seguridad pública para garantizar la tranquilidad de la población y erradicar la impunidad y combatir el crimen organizado y la corrupción, concluyó el líder parlamentario. 

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